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El acuerdo como base de la gobernabilidad democrática

Por Aurelio Nuño *

El Pacto por México es un acuerdo inédito en la historia democrática de nuestro país. Después de más de 15 años de gobiernos divididos y no poder alcanzar acuerdos sustanciales, las principales fuerzas políticas han sentado las bases para lograr las transformaciones que nos permitirán transitar hacia el México del siglo XXI.

El pacto es sólo el punto de partida, pero se convierte en un mecanismo que permite construir un acuerdo multipartidista alrededor de una serie de objetivos comunes, encaminados a hacer de México un Estado eficaz, una sociedad de derechos efectivos y una economía que pueda crecer a un ritmo acelerado.

Este instrumento, que ya ha rendido sus primeros frutos, como fue la aprobación de la reforma educativa en el Congreso de la Unión, se ha logrado gracias a la convicción del presidente Enrique Peña Nieto, cuya visión sobre cómo hacer política en democracia parte de tener la claridad de rumbo que requiere el país, pero también de saber acercar posiciones y entender que por sí solo uno jamás será dueño exclusivo de la verdad y que solamente a partir del diálogo y el acuerdo será posible construir una idea compartida de país. En ese sentido, hay que reconocer la capacidad de diálogo y apertura de quienes han participado en el pacto, tanto de los líderes del PAN, del PRI, del PRD y sus equipos, como de los secretarios de Gobernación y de Hacienda.

Debo añadir que el Pacto por México no es sólo un acuerdo entre políticos, es el producto de un consenso construido entre las principales fuerzas políticas, atendiendo a las exigencias y preocupaciones de los sectores económicos y sociales de este país, forjado de ideas compartidas y coincidencias que van más allá de un nombre o un membrete.

Tampoco se trata de tener acuerdos sólo por tenerlos, sino de fijar una guía, una dirección hacia dónde concentrar los esfuerzos de un país, y que éstos tengan resultados directos en programas de política pública y beneficios concretos para todos los mexicanos. El pacto no sólo representa un documento de buenos propósitos, también significa un compromiso de partidos y de gobierno para cumplirlo bajo un calendario preciso de trabajo.

Estoy convencido que la fortaleza del pacto radica en sus coincidencias, en hallar dentro de la diversidad ideológica y política de nuestro país la base de un diálogo común. Puedo dar fe de que construir un acuerdo no es tarea sencilla, formar consensos comienza por establecer posiciones diferenciadas, encontrar coincidencias y tener disposición para incorporar posturas ajenas.

En política las divergencias pueden dar pie a los desacuerdos, pero la política es también el medio para resolverlos. La ciudadanía había percibido hasta ahora que la política es sólo una arena de conflictos y no un escenario de soluciones. Hoy las principales fuerzas políticas de nuestro país y el gobierno de la República han demostrado lo contrario. La política bien encauzada es el mejor mecanismo para superar el conflicto y encontrar soluciones.

La adhesión a un pacto no significa sacrificar la independencia política ni renunciar a las convicciones personales. No se trata de construir una idea monolítica de país, tampoco de ignorar que el disenso y la oposición son propios de una sociedad plural e indispensables dentro de un contexto democrático y de división de poderes, pero eso no excluye que la buena política se hace cuando se privilegia el diálogo y el acuerdo.

¿Qué podemos esperar del pacto este 2013? Este año se tiene comprometida la presentación de la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, una reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica para promover más y mejores opciones en el mercado, una reforma energética que transforme a Pemex en una empresa pública moderna y productiva y una reforma hacendaria integral para financiar una educación de calidad para todos, erradicar el hambre de nuestro país y crear un sistema de seguridad social universal.

Además, para fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que los recursos públicos sean correctamente gastados, se prevé la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, así como ampliar las facultades del IFAI a estados y municipios. En materia de seguridad y justicia, se impulsará el Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria que incorporará el modelo de policías estatales coordinadas y la creación de la Gendarmería Nacional.

* Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República

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